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La dimensión de Gobernanza caracteriza el estado de los países de la región en institucionalidad y gobernanza de la IA. La dimensión de gobernanza se compone de tres subdimensiones: Visión e Institucionalidad, Vinculación Internacional y Regulación.
Esta dimensión tiene una ponderación del 25% del puntaje total del índice.
La dimensión de Gobernanza caracteriza el estado de los países de la región en institucionalidad y gobernanza de la IA. La dimensión de gobernanza se compone de tres subdimensiones: Visión e Institucionalidad, Vinculación Internacional y Regulación.
Esta dimensión tiene una ponderación del 25% del puntaje total del índice.
Dos realidades de la región ante un mismo desafío
Mientras países como Brasil, Chile y Uruguay cuentan con estrategias nacionales robustas, organismos de coordinación multiactorales y una visión de largo plazo, siete países aún no definen una hoja de ruta o no han podido consolidar una estrategia nacional para el desarrollo de la IA.
Estas dos realidades podrían generar una región fragmentada y con riesgos regulatorios desbalanceados, donde el avance de la inteligencia artificial deje rezagados a países completos que no podrán aprovechar todos los beneficios de la IA.
Países que han publicado recientemente sus estrategias como Costa Rica y Cuba, junto con otros países que están en proceso como Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, son un ejemplo que de que aún es tiempo para definir estos proyectos a nivel nacional.
En este contexto, un esfuerzo coordinado para la transferencia de buenas prácticas y estándares éticos compartidos serían beneficiosos para toda la región.
Estrategias nacionales: entre la declaración y la implementación
Si bien nueve países cuentan con estrategias nacionales de IA, solo una minoría ha avanzado en su actualización, considera un presupuesto para su ejecución o establece algún plan de acción para asegurar su implementación efectiva.
Sin una mayor madurez para la implementación de estas estrategias, se corre el riesgo de que estos documentos se conviertan en visiones declarativas con escasa vinculación presupuestaria, sin indicadores de impacto ni mecanismos de evaluación.
Esta falta de operacionalización no solo limita la efectividad de la política pública, sino que pone en riesgo la credibilidad de los gobiernos frente a la ciudadanía y frente a los actores del ecosistema IA.
La región necesita avanzar hacia estrategias vivas, integradas en planes de desarrollo, con horizonte de largo plazo que garanticen continuidad y gobernanza intersectorial.
La ciudadanía todavía está ausente en la gobernanza algorítmica
Aunque en la mayoría de los países que han desarrollado estrategias de IA se ha considerado
alguna forma de participación ciudadana y una metodología que involucra a varios actores del
ecosistema, sólo en casos excepcionales como Brasil, Chile y Uruguay se han incluido
mecanismos de consulta pública, talleres participativos para toda la ciudadanía e instrumentos multistakeholder que abarquen a todos los sectores interesados.
Mientras más inclusivo es el proceso de elaboración de estas estrategias, mayor es el compromiso, la legitimidad y el impacto que pueda tener en la población. Asimismo, solo con la inclusión de todas las visiones de las partes involucradas es que se puede asegurar que la estrategia se acerque a las
necesidades sociales y contribuya a fortalecer la confianza pública en tecnologías que afectan
la vida cotidiana de las personas. Una gobernanza democrática de la IA requiere que la ciudadanía esté en el centro del proceso.
El silencio regional en el diseño de estándares internacionales
La escasa participación activa de países de la región en los comités de estandarización internacionales como ISO SC 42 y SC 27 limita seriamente su influencia en la definición de reglas globales sobre IA y ciberseguridad.
Esta ausencia no es solo simbólica: implica que las normas técnicas adoptadas por la región serán definidas por otros, posiblemente sin considerar nuestros contextos sociotécnicos, realidades de infraestructura o valores culturales.
Potenciar la participación activa de expertos en normalización en estas instancias es una inversión estratégica para diseñar estándares que consideren las particularidades de la región y, al mismo tiempo, para la transferencia de buenas prácticas desde contextos globales a los ecosistemas locales y viceversa.
Compromisos globales sin anclaje local: el riesgo del cumplimiento simbólico
Los países de América Latina y el Caribe han firmado múltiples declaraciones internacionales en materia de IA, como la Declaración de Santiago, los principios de la OCDE o compromisos éticos multilaterales. Sin embargo, estos acuerdos no siempre han sido internalizados en marcos regulatorios o estrategias nacionales entre los países firmantes.
Por ejemplo, mientras que casi todos los países han firmado la Declaración de Santiago, 7 países de la región no tienen estrategia de IA vigente ni en proceso, la inversión en empresas de IA ha aumentado considerablemente solo en 1 de los 19 países y la participación en el comité ISO de IA sigue siendo muy baja.
Esta desconexión crea una brecha entre el discurso y la práctica, restándole efectividad a estas iniciativas y erosionando la confianza pública en este tipo de instrumentos.
Para que los compromisos globales sean efectivos, deben reflejarse en iniciativas concretas al interior de los países, ya sea por medio de potenciar los marcos regulatorios relacionados al desarrollo de la IA y la creación de mecanismos de implementación concretos en cada país.
Una región vulnerable frente a los ciberataques
La ciberseguridad sigue siendo uno de los componentes más débiles del ecosistema de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe.
Si bien varios países han avanzado en la promulgación de leyes sobre ciberdelitos e infraestructura crítica, donde 18 de los 19 países supera los 60 puntos, la mayoría carece de capacidades institucionales, personal técnico calificado y estructuras de gobernanza adecuadas para enfrentar las amenazas crecientes en entornos digitales complejos.
La IA, por su propia naturaleza, entrega más herramientas de prevención en contextos robustos, pero también amplifica riesgos asociados a vulnerabilidades, manipulación de datos o ataques a infraestructuras críticas.
Fortalecer la ciberseguridad debe ser visto como prioridad, una necesidad urgente que debe implementarse a la par del desarrollo de la IA, para garantizar que sus beneficios no vengan acompañados de impactos negativos descontrolados.
En protección de datos personales todos los caminos llevan a Roma, o Bruselas
Un marco de protección de datos personales robusto es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales.
En esta versión se observa que 11 de los 19 países del ILIA cuentan tanto con una ley actualizada como con una autoridad clara para la protección de datos personales.
Aunque las fórmulas de aplicación o el tipo de autoridad varía en cada país, pudiendo ser facultad de algún ministerio o alguna agencia especializada, la mayoría de los países toman como referencia los estándares de la GDPR europea.
Este modelo también sirve de referencia para países que actualmente están en discusión para actualizar su ley vigente, como en el caso de Costa Rica, donde se busca converger hacia el estándar europeo para facilitar el intercambio entre las economías digitales de ambos continentes.
La sustentabilidad como principio ausente en la IA latinoamericana
Pese a la creciente sensibilización global por el impacto ambiental de la IA, la mayoría de los marcos nacionales de la región ignoran la dimensión de sustentabilidad en sus planes de transformación digital.
Modelos de entrenamiento intensivo, centros de datos de alto consumo energético y dispositivos de corta vida útil tienen una huella de carbono significativa.
Sin políticas que articulen sustentabilidad, eficiencia energética y economía circular, la expansión de la IA puede entrar en contradicción con las metas climáticas regionales.
En la medida que la construcción de centros de datos es fundamental para mejorar la capacidad de cómputo de los países, se hace cada vez más relevante incorporar medidas de mitigación para su impacto climático.
El aprovechamiento de fuentes de energía renovables no convencionales puede ser un primer paso para utilizar las capacidades de los países para el despliegue de una IA limpia y ecológica.
Promoción adecuada de centros de datos: el cuello de botella de la infraestructura IA
El desarrollo de centros de datos, fundamentales para el procesamiento y almacenamiento seguro de datos de IA, enfrenta obstáculos regulatorios significativos.
En muchos países, la obtención de permisos es lenta, las normativas están desactualizadas y existe escasa articulación entre niveles de gobierno.
Esta situación limita la inversión privada, genera incertidumbre legal y retrasa el despliegue de infraestructuras clave para la transformación digital.
Revisar y armonizar la regulación, crear ventanillas únicas y ofrecer incentivos fiscales puede catalizar la expansión de data centers resilientes, sostenibles y soberanos en toda la región.
Data verde, industria en construcción
La industria de centros de datos en la región es aún incipiente, donde solo 4 de los 19 países del ILIA muestran una industria robusta: Brasil, Chile, Colombia y México.
En este contexto, Colombia destaca como un país cuya industria de data centers no solo muestra altos niveles de madurez, sino también una de las proporciones más altas de centros de datos que cumplen con estándares internacionales de sustentabilidad.
El posicionamiento de los países líderes se relaciona con la presencia de actores globales, disponibilidad energética, marcos regulatorios favorables y demanda creciente de servicios digitales.
Sin embargo, persiste la falta de registros sistemáticos sobre la sostenibilidad en el funcionamiento de los centros de datos y de marcos normativos que impulsen su adopción en la mayor parte de la región.
El caso de República Dominicana es ejemplificador, pues exhibe la proporción más alta de centros sustentables de toda la región, aunque con una industria de madurez intermedia. Esto sugiere un fuerte compromiso con la sustentabilidad desde las fases iniciales de desarrollo de su mercado, un modelo que podría ser replicado por otros países emergentes.
Mientras países como Brasil, Chile y Uruguay cuentan con estrategias nacionales robustas, organismos de coordinación multiactorales y una visión de largo plazo, siete países aún no definen una hoja de ruta o no han podido consolidar una estrategia nacional para el desarrollo de la IA. Estas dos realidades podrían generar una región fragmentada y con riesgos regulatorios desbalanceados, donde el avance de la inteligencia artificial deje rezagados a países completos que no podrán aprovechar todos los beneficios de la IA. Países que han publicado recientemente sus estrategias como Costa Rica y Cuba, junto con otros países que están en proceso como Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, son un ejemplo que de que aún es tiempo para definir estos proyectos a nivel nacional. En este contexto, un esfuerzo coordinado para la transferencia de buenas prácticas y estándares éticos compartidos serían beneficiosos para toda la región.
Si bien nueve países cuentan con estrategias nacionales de IA, solo una minoría ha avanzado en su actualización, considera un presupuesto para su ejecución o establece algún plan de acción para asegurar su implementación efectiva. Sin una mayor madurez para la implementación de estas estrategias, se corre el riesgo de que estos documentos se conviertan en visiones declarativas con escasa vinculación presupuestaria, sin indicadores de impacto ni mecanismos de evaluación. Esta falta de operacionalización no solo limita la efectividad de la política pública, sino que pone en riesgo la credibilidad de los gobiernos frente a la ciudadanía y frente a los actores del ecosistema IA. La región necesita avanzar hacia estrategias vivas, integradas en planes de desarrollo, con horizonte de largo plazo que garanticen continuidad y gobernanza intersectorial.
Aunque en la mayoría de los países que han desarrollado estrategias de IA se ha considerado alguna forma de participación ciudadana y una metodología que involucra a varios actores del ecosistema, sólo en casos excepcionales como Brasil, Chile y Uruguay se han incluido mecanismos de consulta pública, talleres participativos para toda la ciudadanía e instrumentos multistakeholder que abarquen a todos los sectores interesados. Mientras más inclusivo es el proceso de elaboración de estas estrategias, mayor es el compromiso, la legitimidad y el impacto que pueda tener en la población. Asimismo, solo con la inclusión de todas las visiones de las partes involucradas es que se puede asegurar que la estrategia se acerque a las necesidades sociales y contribuya a fortalecer la confianza pública en tecnologías que afectan la vida cotidiana de las personas. Una gobernanza democrática de la IA requiere que la ciudadanía esté en el centro del proceso.
La escasa participación activa de países de la región en los comités de estandarización internacionales como ISO SC 42 y SC 27 limita seriamente su influencia en la definición de reglas globales sobre IA y ciberseguridad. Esta ausencia no es solo simbólica: implica que las normas técnicas adoptadas por la región serán definidas por otros, posiblemente sin considerar nuestros contextos sociotécnicos, realidades de infraestructura o valores culturales. Potenciar la participación activa de expertos en normalización en estas instancias es una inversión estratégica para diseñar estándares que consideren las particularidades de la región y, al mismo tiempo, para la transferencia de buenas prácticas desde contextos globales a los ecosistemas locales y viceversa.
Los países de América Latina y el Caribe han firmado múltiples declaraciones internacionales en materia de IA, como la Declaración de Santiago, los principios de la OCDE o compromisos éticos multilaterales. Sin embargo, estos acuerdos no siempre han sido internalizados en marcos regulatorios o estrategias nacionales entre los países firmantes. Por ejemplo, mientras que casi todos los países han firmado la Declaración de Santiago, 7 países de la región no tienen estrategia de IA vigente ni en proceso, la inversión en empresas de IA ha aumentado considerablemente solo en 1 de los 19 países y la participación en el comité ISO de IA sigue siendo muy baja. Esta desconexión crea una brecha entre el discurso y la práctica, restándole efectividad a estas iniciativas y erosionando la confianza pública en este tipo de instrumentos. Para que los compromisos globales sean efectivos, deben reflejarse en iniciativas concretas al interior de los países, ya sea por medio de potenciar los marcos regulatorios relacionados al desarrollo de la IA y la creación de mecanismos de implementación concretos en cada país.
La ciberseguridad sigue siendo uno de los componentes más débiles del ecosistema de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Si bien varios países han avanzado en la promulgación de leyes sobre ciberdelitos e infraestructura crítica, donde 18 de los 19 países supera los 60 puntos, la mayoría carece de capacidades institucionales, personal técnico calificado y estructuras de gobernanza adecuadas para enfrentar las amenazas crecientes en entornos digitales complejos. La IA, por su propia naturaleza, entrega más herramientas de prevención en contextos robustos, pero también amplifica riesgos asociados a vulnerabilidades, manipulación de datos o ataques a infraestructuras críticas. Fortalecer la ciberseguridad debe ser visto como prioridad, una necesidad urgente que debe implementarse a la par del desarrollo de la IA, para garantizar que sus beneficios no vengan acompañados de impactos negativos descontrolados.
Un marco de protección de datos personales robusto es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales. En esta versión se observa que 11 de los 19 países del ILIA cuentan tanto con una ley actualizada como con una autoridad clara para la protección de datos personales. Aunque las fórmulas de aplicación o el tipo de autoridad varía en cada país, pudiendo ser facultad de algún ministerio o alguna agencia especializada, la mayoría de los países toman como referencia los estándares de la GDPR europea. Este modelo también sirve de referencia para países que actualmente están en discusión para actualizar su ley vigente, como en el caso de Costa Rica, donde se busca converger hacia el estándar europeo para facilitar el intercambio entre las economías digitales de ambos continentes.
Pese a la creciente sensibilización global por el impacto ambiental de la IA, la mayoría de los marcos nacionales de la región ignoran la dimensión de sustentabilidad en sus planes de transformación digital. Modelos de entrenamiento intensivo, centros de datos de alto consumo energético y dispositivos de corta vida útil tienen una huella de carbono significativa. Sin políticas que articulen sustentabilidad, eficiencia energética y economía circular, la expansión de la IA puede entrar en contradicción con las metas climáticas regionales. En la medida que la construcción de centros de datos es fundamental para mejorar la capacidad de cómputo de los países, se hace cada vez más relevante incorporar medidas de mitigación para su impacto climático. El aprovechamiento de fuentes de energía renovables no convencionales puede ser un primer paso para utilizar las capacidades de los países para el despliegue de una IA limpia y ecológica.
El desarrollo de centros de datos, fundamentales para el procesamiento y almacenamiento seguro de datos de IA, enfrenta obstáculos regulatorios significativos. En muchos países, la obtención de permisos es lenta, las normativas están desactualizadas y existe escasa articulación entre niveles de gobierno. Esta situación limita la inversión privada, genera incertidumbre legal y retrasa el despliegue de infraestructuras clave para la transformación digital. Revisar y armonizar la regulación, crear ventanillas únicas y ofrecer incentivos fiscales puede catalizar la expansión de data centers resilientes, sostenibles y soberanos en toda la región.
La industria de centros de datos en la región es aún incipiente, donde solo 4 de los 19 países del ILIA muestran una industria robusta: Brasil, Chile, Colombia y México. En este contexto, Colombia destaca como un país cuya industria de data centers no solo muestra altos niveles de madurez, sino también una de las proporciones más altas de centros de datos que cumplen con estándares internacionales de sustentabilidad. El posicionamiento de los países líderes se relaciona con la presencia de actores globales, disponibilidad energética, marcos regulatorios favorables y demanda creciente de servicios digitales. Sin embargo, persiste la falta de registros sistemáticos sobre la sostenibilidad en el funcionamiento de los centros de datos y de marcos normativos que impulsen su adopción en la mayor parte de la región.
El caso de República Dominicana es ejemplificador, pues exhibe la proporción más alta de centros sustentables de toda la región, aunque con una industria de madurez intermedia. Esto sugiere un fuerte compromiso con la sustentabilidad desde las fases iniciales de desarrollo de su mercado, un modelo que podría ser replicado por otros países emergentes.
Realiza una revisión exhaustiva de las estrategias y políticas de IA de cada uno de los 19 países de la región, tomando en cuenta desde su contenido hasta los mecanismos de seguimiento.
Evalúa la participación de los países en instancias relevantes para el establecimiento de la gobernanza global y de la incidencia que estos logran en esos espacios.
Considera los proyectos de ley, leyes y regulaciones vigentes en cada uno de los 19 países, junto con la regulación en ciberseguridad y protección de datos personales. También evalúa aspectos éticos y de sustentabilidad para el desarrollo de la IA.
Evalúa las condiciones tecnológicas necesarias o facilitadoras para el desarrollo y despliegue de la IA, tales como la conectividad, la capacidad de cómputo y el acceso a dispositivos como computadores y teléfonos inteligentes.
Mide la disponibilidad, capacidad y gobernanza de los datos según el desempeño de los países en el Global Data Barometer 2025.
Aborda las variables que inciden en el desarrollo de competencias en IA por parte de la población y la fuerza de trabajo.
Accede a la edición 2025 del ILIA y conoce los principales hallazgos sobre el estado de la IA en América Latina y el Caribe.