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La dimensión de Gobernanza caracteriza el estado de los países de la región en el desarrollo de marcos que favorezcan una adopción responsable de la IA, a través de cuatro subdimensiones: Visión e Institucionalidad, Vinculación Internacional, Regulación e IA Ética, Responsable y Segura.
La participación de múltiples actores se ha consolidado principalmente en la elaboración de las estrategias nacionales de IA. El 75% de los países con estrategia vigente emplearon una metodología multistakeholder y el mismo porcentaje incorporó algún mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, esta participación disminuye durante la ejecución: solo la mitad de los países con estrategia vigente incorpora formalmente a actores externos al gobierno en la implementación. Esta brecha puede limitar la incorporación de conocimientos y capacidades diversas, dificultar la identificación temprana de obstáculos y debilitar la legitimidad de las políticas.
El 75% de los países (15 de 20) cuenta con una institución formalmente mandatada para liderar las iniciativas nacionales de IA, un aumento significativo respecto del 52,6% registrado en la edición anterior. Asimismo, la totalidad de los países que disponen de una estrategia nacional ha establecido mecanismos de coordinación interinstitucional para su implementación, fortaleciendo la articulación entre los distintos organismos del Estado. Estos avances muestran una creciente madurez institucional de la región, donde la creación de entidades responsables y mecanismos de coordinación comienza a consolidarse como una condición necesaria para transformar las estrategias nacionales en políticas públicas efectivas y sostenibles.
El 85% de los países cuenta con una estrategia nacional de IA vigente o se encuentra elaborando una, un avance significativo respecto de la edición anterior, cuando esta cifra alcanzaba el 63%. Ecuador, El Salvador y México pasaron, en un solo año, de no contar con una estrategia ni estar en proceso de elaboración de una, a disponer de un instrumento nacional vigente, mientras que Guatemala inició formalmente su proceso de elaboración. Sin embargo, aún persiste un grupo reducido de países que no cuenta con una estrategia nacional vigente ni se encuentra elaborando una, lo que podría dificultar la coordinación de políticas públicas, la movilización de inversiones y el desarrollo de capacidades.
De los doce países que cuentan con una estrategia vigente, once incluyen algún mecanismo de evaluación. De este grupo, dos tercios ya definen indicadores específicos y/o una institución responsable de realizar el seguimiento. Este porcentaje más que duplica el observado en la edición anterior del ILIA, reflejando un cambio desde estrategias centradas en la definición de objetivos hacia instrumentos con mayores capacidades de monitoreo. Estos mecanismos de evaluación son un signo de madurez institucional de las estrategias, ya que permiten medir avances, corregir desviaciones y asegurar la continuidad de las políticas públicas en el tiempo.
Solo el 25% de los países que cuentan con una estrategia menciona la asignación de recursos presupuestarios para implementar las medidas contenidas en ella. Esta proporción se reduce al 16,7% al considerar únicamente los casos en que el presupuesto está explícitamente definido en el instrumento. Solo Brasil y Colombia se encuentran en esta situación. Esto plantea una pregunta clave: ¿están los países financiando el desarrollo de sus políticas de IA a través de otras estructuras presupuestarias, o la falta de recursos asignados comprometerá su implementación efectiva?
Las estrategias nacionales de IA presentan una marcada convergencia temática en los tópicos analizados. El desarrollo de capacidades está incorporado mediante compromisos o tareas en la totalidad de los documentos, mientras que ética y gobernanza, infraestructura, datos, gobierno digital, industria e investigación y desarrollo se incorporan con ese nivel de profundidad en once de las doce estrategias vigentes, sin que la excepción corresponda siempre a la misma estrategia. En cambio, la cooperación regional e internacional, la perspectiva de género y la sostenibilidad tienen una presencia menor y, en algunos casos, se limitan a menciones sin mecanismos concretos de implementación. Cabe analizar si esta completitud temática calza con las necesidades que estratégicamente debería abordar cada país.
La vinculación de los países de la región con iniciativas y organismos internacionales relacionados con la inteligencia artificial es amplia: el 90% participa en al menos una de las cinco instancias consideradas —entre ellas la Declaración de Santiago, la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial y los Principios de la OCDE sobre IA—. Sin embargo, la participación activa en los espacios donde se elaboran estándares técnicos internacionales sigue siendo limitada. Aunque el 50% de los países integra el subcomité ISO sobre inteligencia artificial y el 70% participa en el de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, solo el 25% y el 35%, respectivamente, lo hacen como miembros participantes. Esta limitada participación activa restringe las oportunidades formales de la región para incidir en la definición de las normas técnicas que orientarán el desarrollo y la gobernanza futura de la IA.
Las estrategias publicadas en 2026 mantienen varias de las brechas identificadas en años anteriores. Si bien presentan una estructura relativamente homogénea y todas abordan infraestructura y tecnología, desarrollo de capacidades e investigación y desarrollo, ninguna explicita los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, solo una incorpora una hoja de ruta detallada y tres contemplan mecanismos específicos de seguimiento. De tal modo, la publicación de nuevas estrategias no se ha traducido necesariamente en instrumentos más completos que prevean mejores condiciones para su implementación.
La vinculación de los países de la región con iniciativas y organismos internacionales relacionados con la inteligencia artificial es amplia: el 90% participa en al menos una de las cinco instancias consideradas —entre ellas la Declaración de Santiago, la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial y los Principios de la OCDE sobre IA—. Sin embargo, la participación activa en los espacios donde se elaboran estándares técnicos internacionales sigue siendo limitada. Aunque el 50% de los países integra el subcomité ISO sobre inteligencia artificial y el 70% participa en el de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, solo el 25% y el 35%, respectivamente, lo hacen como miembros participantes. Esta limitada participación activa restringe las oportunidades formales de la región para incidir en la definición de las normas técnicas que orientarán el desarrollo y la gobernanza futura de la IA.
La nueva edición del Global Index on Responsible AI (GIRAI) muestra que la región mantiene brechas relevantes en las condiciones para una inteligencia artificial responsable, aunque con resultados distintos según la materia analizada. En protección de datos y privacidad, la región continúa rezagada frente a Europa y América del Norte, mientras que en seguridad y protección de la IA, América Central y del Sur alcanza una posición comparativamente más favorable. A nivel de países, México, Perú y Chile destacan en protección de datos y privacidad, mientras que Brasil, El Salvador y Chile lideran en seguridad y protección. Asimismo, los avances de Ecuador, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Colombia respecto de la edición anterior evidencian una evolución favorable, aunque todavía heterogénea, de las capacidades nacionales para una gobernanza responsable y segura de la IA.
Realiza una revisión exhaustiva de las estrategias y políticas de IA de cada uno de los 19 países de la región, tomando en cuenta desde su contenido hasta los mecanismos de seguimiento.
Evalúa la participación de los países en instancias relevantes para el establecimiento de la gobernanza global y de la incidencia que estos logran en esos espacios.
Considera los proyectos de ley, leyes y regulaciones vigentes en cada uno de los 19 países, junto con la regulación en ciberseguridad y protección de datos personales. También evalúa aspectos éticos y de sustentabilidad para el desarrollo de la IA.
Considera los proyectos de ley, leyes y regulaciones vigentes en cada uno de los 19 países, junto con la regulación en ciberseguridad y protección de datos personales. También evalúa aspectos éticos y de sustentabilidad para el desarrollo de la IA.
Mide las condiciones de partida para que los ecosistemas de IA se desarrollen de manera efectiva: infraestructura, datos y talento humano.
Evalúa la capacidad de los países para generar conocimiento en IA, transformarlo en innovación y desarrollo tecnológico, y llevarlo a la economía y la sociedad.
